Normalistas de Ayotzinapa derriban una de las puertas del Palacio Nacional para presionar a López Obrador
Los estudiantes, compañeros de los 43 jóvenes desaparecidos en 2014 en Iguala, Guerrero, exigen al presidente respuestas sobre el estancamiento de la investigación.
Un grupo de normalistas de Ayotzinapa, los estudiantes compañeros de los 43 jóvenes desaparecidos hace casi 10 años en la ciudad de Iguala, Guerrero, ha derribado en la mañana de este miércoles una de las puertas del Palacio Nacional, en Ciudad de México, la residencia del presidente y el centro simbólico del poder Ejecutivo.
Los manifestantes, que pretenden así presionar al Gobierno para que Andrés Manuel López Obrador se reúna con ellos e intentar destrabar la investigación sobre el secuestro de los 43 alumnos, han utilizado una furgoneta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se encontraba aparcada en la calle como ariete para echar el portón abajo.
Los estudiantes —al grito de “vivos se los llevaron, vivos los queremos”— han roto las ventanas del vehículo, retirado el freno de mano y empujado el coche una y otra vez hasta que la puerta de madera ha cedido. En el interior del Palacio Nacional se encontraba López Obrador que, como cada día, comparecía ante la prensa en su popular Mañanera.
En el momento en el que los jóvenes han intentado irrumpir en el edificio, el presidente todavía estaba en directo. Los policías militares que custodiaban el lugar han disparado gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. El humo ha inundado el flanco del Palacio mientras los guardias montaban una barricada humana, protegidos por escudos y porras.
El presidente ha afirmado que los manifestantes van a ser atendidos por el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina. Preguntado por una reportera presente en la Mañanera, López Obrador ha señalado que él no va a reunirse personalmente con los normalistas: “No, yo estoy analizando y conduciendo todo porque lo que me importa es encontrar a los [43] jóvenes y ya la actitud, no de los padres, sino de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos, es una actitud en el mejor de los casos política, muy de confrontación en contra nuestra, de provocación, y nosotros pues no queremos para nada la confrontación. Decidle nada más a los padres que estamos dedicados y que estamos avanzando mucho en la investigación”.
Unas horas después, la Secretaría de Gobernación ha publicado un comunicado en el que asegura que Medina ha contactado a los familiares de las víctimas que, una vez más, han respondido que “dentro de sus acuerdos estaba reunirse únicamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador”.
“Sobre este aspecto, el presidente de México informó este miércoles en su conferencia matutina que dicho encuentro tendría lugar en unas semanas”, dice el texto, sin precisar cuándo. Gobernación ha reiterado “su compromiso con la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa”.
Relaciones rotas
La relación entre los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 y López Obrador pasa por uno de sus peores momentos. El presidente, que aseguró como promesa electoral que durante su Administración encontraría a los jóvenes, arremetió duramente mientras estaba en la oposición contra el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) por las irregularidades en la investigación.
Sin embargo, cuando solo quedan tres meses de su sexenio, López Obrador no ha logrado avances sustanciales en el caso. Al contrario, se ha enemistado con los padres y madres de Ayotzinapa que, tras el fracaso del diálogo, han redoblado su presencia en las calles para presionar al Ejecutivo.
Los familiares de las víctimas exigen que el Gobierno les entregue cientos de documentos de espionaje militar que, según ellos, son clave para poder avanzar en la estancada investigación. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) niega la existencia de dichos archivos.
El grupo independiente de expertos (GIEI) que ha investigado el caso afirma que sí se encuentran en poder de los militares. El GIEI acabó abandonando México en julio, frustrado ante la resistencia del Ejército a proporcionar información. El presidente ha asumido el relato de la Sedena y defiende que ya han entregado todos los expedientes sobre el caso.
López Obrador, que ha caracterizado su mandato por una dura oposición mediática a las voces críticas con su gestión, no ha dejado libre de sus embestidas retóricas ni siquiera a los padres y madres de los estudiantes secuestrados o a las asociaciones en defensa de los derechos humanos que los apoyan.
Este miércoles, el presidente ha lamentado que los familiares están siendo “manipulados” por un complot conservador, una mezcla de poderes empresariales y políticos cuyo único objetivo, siempre según López Obrador, es aprovechar cualquier oportunidad para atacar a su Gobierno.
“Lo que sucede es que ellos están siendo manipulados por el grupo que encabeza [el senador independiente Emilio] Álvarez Ycaza, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] de la OEA [Organización de los Estados Americanos], grupos conservadores de derecha apoyados por gobiernos extranjeros que lo que quieren es hacernos daño políticamente hablando”, ha cargado el mandatario.
“Lo que quieren no es que lleguemos a conocer la verdad y que se haga justicia, sino que ya lo tienen como una bandera en contra de nosotros. Los padres ni siquiera tienen toda la información porque les prohíben los abogados hablar con nosotros.
Ustedes saben que les mandé un informe a cada uno de los papás y de las mamás y no los quisieron recibir porque se lo prohibieron los abogados. Nosotros lo que queremos es conocer la verdad y vamos a lograrlo, tengo confianza en eso, y vamos a encontrar a los jóvenes que es lo más importante, pero ya esto es otra cosa, esto ya tiene otros propósitos”, ha sostenido López Obrador.
Las asociaciones a las que se refiere el presidente, como el Centro Prodh, son ampliamente reconocidas a nivel nacional e internacional por su labor en la defensa de los derechos humanos. Dos de los abogados del Prodh, Santiago Aguirre y María Luis Aguilar, con una trayectoria intachable en su campo y asesores de las familias de Ayotzinapa, fueron espiados con el programa Pegasus por el Ejército, según demostró una investigación de Citizen Lab, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Social TIC y Artículo 19 el pasado abril. “Padres y madres no están ‘manipulados’ ni por el Centro Prodh ni por la CIDH. Tienen agencia sobre su proceso. Lamentamos que la protesta de algunos jóvenes haya escalado a acciones que no compartimos. Urgimos a restablecer el diálogo respetuoso, supervisado por las instancias internacionales de derechos humanos”, ha respondido en redes sociales el Centro Prodh.
Ante la ruptura del diálogo entre el Gobierno y los familiares de las víctimas, los normalistas han recrudecido su pulso en las calles con protestas continuas desde hace días. El 28 de febrero, un grupo de estudiantes encapuchados lanzó petardos contra las puertas del Senado de Ciudad de México, después de esperar dos horas sin ser atendidos por el senador Ricardo Monreal, de Morena, el partido del presidente.
Unas horas después, hicieron lo mismo para reventar los cristales de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El 2 de marzo, protestaron durante el arranque de campaña de Claudia Sheinbaum, sucesora de López Obrador en Morena, en el Zócalo capitalino. El martes, los padres y madres bloquearon el cruce del Paseo de la Reforma y la avenida Bucareli, frente a la sede de la Lotería Nacional.
El lunes, decenas de estudiantes se manifestaron frente al Centro Federal de Arraigos, donde también derribaron la puerta con un camión y tiraron petardos. Su objetivo en todas las protestas: que López Obrador se siente con ellos para, 10 años después, desenmarañar los cabos sueltos que pueden conducir a conocer el paradero de los 43 desaparecidos.